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SANTO DOMINGO.- Cuando estaba a punto de concluir la búsqueda de víctimas del naufragio de una lancha con unos 70 migrantes ilegales, socorristas dominicanos encontraron el jueves en el mar 3 cuerpos más, con lo que llegó a 52 la cifra de fatalidades del percance.

"Tenemos 10 cadáveres que, por su avanzado estado de descomposición, no han sido identificados" por sus familiares, dijo Felicia Nieves, fiscal de Sabana de la Mar, desde donde se realizaron las labores de rescate.

Detalló que expertos realizarán estudios para determinar a más tardar la semana próxima la identidad de los cuerpos.

La Fiscalía ordenó realizar estudios forenses a los cadáveres en momentos en que los socorristas se disponían a sepultar los cuerpos en una fosa común, sin ningún tipo de registro.

En la morgue del hospital de Sabana de la Mar, yacían los 10 cuerpos no identificados. Decenas de personas permanecían el jueves en la playa del pueblo con la esperanza de que los rescatistas encontraran a parientes desaparecidos.

Juan Reyes portaba fotos de sus dos sobrinos, Héctor y Pedro Luis, de 28 y 25 años, quienes no están ni entre los 13 sobrevivientes, ni entre los 51 cadáveres.

Jeffrey Pimentel, jefe de bomberos de Sabana de la Mar, explicó que los grupos de socorro y la Marina tenían previsto concluir sus labores de búsqueda al anochecer del jueves, ya que es imposible encontrar más personas con vida.

De acuerdo con las versiones de algunos de los sobrevivientes, en la lancha, de unos 38 pies de eslora, viajaban unas 70 personas, entre ellas 10 mujeres, de las cuales sólo una fue rescatada con vida, y fueron hallados en el mar 8 cadáveres.

El naufragio, que llenó de luto a las provincias de San Francisco de Macorís, Samaná y María Trinidad Sánchez, de donde provenían los migrantes, representa una de las mayores tragedias de la última década.

En julio del 2004 unos 80 migrantes murieron cuando la lancha en la que viajaban a Puerto Rico se hundió en la costa noreste del país, mientras que en febrero de ese año otras 50 personas fueron declaradas desaparecidas en el canal de La Mona, que separa a República Dominicana de Puerto Rico.

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) acogió la propuesta del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y decidió que esa fuerza política aparezca en el recuadro número 1 de la boleta electoral, y que sólo figure en la misma la foto del candidato presidencial con miras a las elecciones del 20 de mayo próximo.

Para adoptar la decisión de la posición en la boleta, el organismo electoral se fundamentó en los resultados partido a partido, sin los aliados, de las elecciones congresionales y municipales, entre el PRD y el PLD, del año 2010.

Los resultados de estos comicios dieron al PRD en el nivel municipal un millón 453 mil 340 votos, para 42.78%, y en el congresional esa fuerza política obtuvo un millón 272 mil 536 votos, para 38%. Mientras el PLD obtuvo en el nivel municipal un millón 305 mil 25 votos, para 38.41% y en el congresional un millón 380 mil 601 votos, para 41.71%.

El pleno determinó que como no ha existido un criterio uniforme en las últimas tres elecciones y que cada composición de ese organismo ha decidido, es decir, no existe una jurisprudencia sobre el tema, esta decisión está avalada por el artículo 212 de la Constitución, que establece que la JCE tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia.

Acoge instancia “No obstante lo antes expuesto, el pleno de la JCE decidió acoger la instancia depositada por el Partido Revolucionario Dominicano, a la firma de su presidente, Miguel Vargas Maldonado”, establece la resolución.

Mientras que la decisión sobre la imagen de la candidatura vicepresidencial en la boleta se basó en la consignación del artículo 125 de la Carta Magna, que establece que habrá un vicepresidente (o una vicepresidenta) elegido conjuntamente con el Presidente.

“El pleno aprobó el formato que incluye las fotos del nivel presidencial a fin de complacer y satisfacer al Partido Revolucionario Dominicano”.

Las autoridades confirmaron ayer que persiguen a los responsables de intervenir o “hackear”, con fines de espionaje ilegal, los correos electrónicos de la Primera Dama de la República, de varios ministros y de personalidades vinculadas al mundo empresarial, a través del uso de sofisticados y costosos aparatos de interceptación telefónica y telegráfica.

El procurador general Radhamés Jiménez Peña informó ayer en el Palacio Nacional que el caso de espionaje por el que un joven de apellido Gómez, una mujer dominicana y un ciudadano hindú figuran como los principales sospechosos, está a cargo de investigadores “técnicos” de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

“Esa investigación está en manos de los órganos primarios y todavía la Procuraduría no ha tomado parte de la misma, pero en su momento lo hará”, dijo el funcionario.

Anoche, Jiménez Peña y el director del DNI, Ramón Aquino García, acudieron al Palacio Nacional para informar al presidente Leonel Fernández sobre las acciones que los órganos de seguridad del Estado llevan a cabo para apresar a los culpables del caso de interceptación ilegal de mensajes electrónicos. El Procurador General y el jefe del DNI entraron al despacho del mandatario pasadas las 5:30 de la tarde. Tras más de una hora de reunión, Aquino salió de la oficina presidencial, pero cuando se disponía a abandonar en su vehículo la casa de gobierno, se le vio conversando por su teléfono celular y regresar luego al despacho de Fernández.

La investigación para arrestar a los responsables de “hackear” los correos electrónicos de las altas personalidades fue iniciada la noche del pasado martes por la Procuraduría General de la República y por los más altos responsables de la seguridad nacional.

Ciberdelincuencia
Una fuente dijo a LISTÍN DIARIO ese día que, apoyados en un amplio legajo de evidencias que incluyen una amplia relación de llamadas telefónicas y correos electrónicos intervenidos con autorización judicial, los investigadores acordaron poner en marcha un operativo para detener al o los responsables de violar la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.

La fuente identificó entre los principales sospechosos a una persona de apellido Gómez, de unos 30 años, que figura en la investigación como ejecutante de las operaciones de “crackeo” o “hackeo” contra los correos electrónicos de la familia presidencial, ministros, figuras militares y empresariales, desde los cuales se trasmitieron mensajes y se divulgaron detalles de conversaciones o diálogos privados.

Una dominicana y un hindú, identificado sólo como Rajat, también aparecen en la lista de sospechosos de participar en labores de espionaje a los correos electrónicos.

Los investigadores pudieron interceptar correos electrónicos intercambiados por la dominicana y el hindú desde la India, con Gómez, al que se señala como el jefe del grupo, y cuya residencia se encuentra en la avenida Enriquillo, del sector Los Cacicazgos de la capital.

“Se trata de una vulneración que se está investigando, que cae en la ‘ciberdelincuencia’ y ‘cibercriminalidad’ que en República dominicana tiene consecuencias penales”, dijo ayer el Procurador General al salir del despacho del presidente Fernández.

Jiménez Peña agregó que esos delitos están penalizados en el país por las ley 53- 07, y advirtió que las personas que sean halladas culpables pueden ser condenadas desde tres meses hasta tres años y desde tres años hasta 10 años de prisión, dependiendo del grado de vulneración cometido contra los afectados.

La Constitución, en su artículo 44 numeral 3, prevé la inviolabilidad, el secreto de la comunicación cablegráfica, telefónica, telegráfica, telemática y la establecida por otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por un juez o autoridad competente de conformidad con la ley.